Un gobernante necesita herramientas de fuerza para poner orden, dinero para arreglar la casa pública y libertad relativa para tomar decisiones. Sin eso no gobierna y es eso precisamente lo que les falta a los alcaldes de Ciudad de México: mando policial, autonomía presupuestal y libertad política.

Este esquema de gobierno tutelado, coloca a los alcaldes en desventaja ante numerosos reclamos ciudadanos, especialmente en aquéllos que tienen que ver con la seguridad. Los más hábiles han logrado generar una presencia barrial con las herramientas y recursos de los que disponen: compran patrullas, ponen cámaras, construyen C2,2 impulsan senderos seguros y organizan operativos a pesar de no tener el control, pero es insuficiente. Sin autoridad expresa, los mandos policiacos pueden ignorarlos.

Los alcaldes no pueden darse el lujo de ser omisos en materia de seguridad, deben apoderarse del tema tengan facultades o no, pues de lo contrario se convierte en una debilidad estratégica. Así lo considera Enrique Vargas Anaya, quien gobernó Azcapotzalco de 2009 a 2012.

’Nuestra labor no es tener el mando sobre la policía, sino tener la autoridad para mediar entre las actividades que hace la alcaldía y las autoridades de seguridad. Muchos alcaldes no lo quieren entender, parte de su éxito es involucrarse en la seguridad, lo que les permite tener un control, incluso político de la alcaldía’.

¿Pero qué dice la Constitución de Ciudad de México? El artículo 53 apartado B otorga a los alcaldes atribuciones subordinadas al gobierno capitalino para ejecutar políticas de seguridad ciudadana y disponer de fuerza pública básica en tareas de vigilancia, pero el gobierno central será el que atienda las solicitudes que realicen los alcaldes; es decir: deben consultar cualquier movimiento a instrumentar, incluso el cambio de un mando que no les funcione, esperando que sus llamados tengan eco.

Si con el manejo de la seguridad están amarrados, con los recursos financieros les va mucho peor. Pero esto no es novedad, desde el 2000 jefes delegacionales y alcaldes han pugnado no sólo por mayor presupuesto y una fórmula distinta de asignación, sino por una autonomía directa de sus arcas. El resultado es el mismo: alguien más les dosifica el dinero.

Los alcaldes diseñan un presupuesto anual, que primero es avalado por los concejos. Necesariamente pasa por el ojo de la Secretaría de Finanzas y el Congreso capitalino define las pretensiones económicas de los gobernantes. En la mayoría de los casos regresan a sus territorios ideando alternativas financieras que les permitan sacar adelante, ya no digamos sus programas, sino la operación mínima de la alcaldía, pues el 60 % del presupuesto es nómina, un 15 % son compras consolidadas y el resto es el margen que tienen.

A la limitante financiera hay que añadir la engorrosa tramitología que implica no manejar una cuenta propia con liquidez permanente e inmediata. Así lo describe Margarita Saldaña: ’Ni siquiera emitimos cheques; pagamos y solventamos todo con las CLC;3 tramitamos todo en papeles que se van a Finanzas y regresan’.

Es así que la autonomía financiera de los alcaldes se constriñe a administrar los recursos materiales y los bienes inmuebles asignados por el gobierno central, y no el capital monetario. Sin embargo, no todo es perder, pueden obtener dinero extra a través de los ingresos de autogenerados de estacionamientos y baños que son reutilizados en la nómina de trabajadores en deportivos o casas de cultura, pero el monto no es significativo, y la tercera opción es mediante fondos federales, que al final también dependen del gobierno central.

Antes de 2018, los diputados federales y locales tenían una bolsa de recursos que podían asignar a discreción, y los jefes delegacionales y presidentes municipales de todo el país peleaban por ser los beneficiarios. Al final, se crearon incentivos para que los diputados fueran convencidos con un porcentaje de lo que destinaran y el mecanismo se eliminó.